La ciudadanía española en el exterior da un nuevo paso hacia la organización y la defensa de sus derechos.
En Argentina se ha constituido legalmente la asociación civil Plataforma Ciudadana Diáspora Española, Por Más Derechos; Memoria Democrática, una iniciativa que busca articular a españoles y descendientes de españoles que viven fuera del país.
La nueva plataforma nace con una reivindicación clara: que vivir fuera de España no convierta a nadie en ciudadanía de segunda clase.
La organización pretende defender los derechos de la diáspora española, especialmente en materia de nacionalidad, participación política, memoria democrática y derechos electorales. También plantea trabajar contra la discriminación y la xenofobia y favorecer la integración y el apoyo a las comunidades españolas en los países de residencia.
Una red que ya traspasa Argentina
Aunque la asociación se ha constituido legalmente en Argentina, su ámbito de actuación pretende ser internacional. Actualmente cuenta con representación y colectivos vinculados en países como Ecuador, Colombia, República Dominicana, Venezuela, México, Perú, Estados Unidos, Brasil, Uruguay y Chile, además de España y otros países europeos.
Entre las organizaciones y colectivos que forman parte de esta plataforma aparecen Podemos Argentina, Podemos Ecuador-Perú, Podemos Venezuela, Podemos Colombia, Podemos República Dominicana y la Red de Círculos Podemos América, junto a asociaciones vinculadas a la memoria democrática, la emigración y la comunidad española.
Memoria Democrática y ciudadanía
Uno de los ejes fundamentales de la plataforma es la defensa de la Ley de Memoria Democrática, especialmente de las vías que han permitido a descendientes de españoles recuperar o acceder a la nacionalidad.
La organización considera que la nacionalidad española debe ir acompañada de derechos políticos efectivos, independientemente del lugar donde viva cada ciudadano.
En este sentido, también reivindica una mayor participación de los españoles residentes en el extranjero y recuerda el enorme descenso de participación electoral que se produjo con la implantación del denominado voto rogado en 2011.
Antes de aquella reforma, la participación exterior había llegado al 31,7 % en las elecciones generales de marzo de 2008. En noviembre de 2011, con el nuevo sistema, cayó por debajo del 5,5 %.
Una ciudadanía española cada vez más numerosa fuera del país
La cuestión no es menor. La población española residente en el extranjero supera ya los 3,2 millones de personas, según los datos publicados por España Exterior. Además, el número de españoles inscritos en el exterior ha aumentado notablemente durante los últimos años, coincidiendo también con la aplicación de nuevas vías de acceso a la nacionalidad vinculadas a la Ley de Memoria Democrática.
Por eso, la organización de esta diáspora adquiere una importancia creciente: millones de personas mantienen vínculos familiares, culturales, sociales y políticos con España aunque su residencia se encuentre fuera de nuestras fronteras.
Una cuestión que también interpela a la izquierda
Desde La Base consideramos especialmente relevante cualquier iniciativa que contribuya a que la ciudadanía española en el exterior tenga voz, organización y capacidad de participación.
La emigración forma parte de nuestra historia. Miles de familias españolas tuvieron que marcharse en diferentes momentos por motivos económicos, políticos o sociales. Sus hijos, nietos y descendientes mantienen hoy una relación con España que no debería reducirse a un trámite administrativo o a aparecer en un censo electoral.
La democracia no termina en nuestras fronteras.
Garantizar los derechos de quienes viven fuera, facilitar su participación política, proteger la memoria de quienes tuvieron que emigrar y combatir cualquier forma de discriminación debe formar parte también de una democracia que aspire a ser plenamente participativa.
La constitución de esta nueva plataforma en Argentina supone, por tanto, un nuevo intento de organizar a la diáspora española y reclamar que ningún español, viva donde viva, sea considerado ciudadano de segunda.
Fuente: España Exterior, 7 de agosto de 2026.
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